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JUAN MIGUEL PETIT:

Esta tarde estamos bien pertrechados, están con nosotros dos defensores de dos ciudades hermanas. Están con nosotros la doctora Alicia Pierini, que es defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo, nuestra ciudad.

En estas horas se presenta el plan estratégico para el defensor del vecino de Montevideo, que va a abrir el panorama de esta nueva institución que está funcionando desde hace algunos meses. Entonces era interesante este ejercicio de cotejar la actuación del defensor del vecino de Montevideo con lo que ha sido, ya con más años, la experiencia del defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

Empezamos por la vecina orilla, por Buenos Aires, por ver cómo ha sido esta institución. Cuando se creó el defensor del pueblo en Buenos Aires, ¿también hubo dudas, hubo polémicas, hubo críticas en torno a si era un nuevo gasto, una nueva oficina, un nuevo vehículo, o había consenso en torno a la necesidad de que hubiera una figura independiente para denunciar las inquietudes de los vecinos? ¿Cómo fue?

ALICIA PIERINI:

En el año 96, cuando se discutió la figura de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la convención constituyente, en el marco de la construcción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo no sólo consenso sino que la figura de la Defensoría fue percibida desde un principio como un instrumento de la democracia no sólo para oficiar como un puente entre la administración y las necesidades de los vecinos, sino también como un puente que acercara la normativa vigente a su real ejercicio, porque todos sabemos que entre las leyes que existen y su vigencia práctica hay algo más que un trecho, como del dicho al hecho, hay a veces un abismo. Y precisamente, se percibió desde un principio, porque ya existía además la institución a nivel nacional, que este instrumento formaba parte de las instituciones de garantía necesarias. A tal punto fue así que en la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires no se discutió en el marco de los organismos de control sino en el marco de los organismos de garantías para que las políticas especiales, aquellas políticas hacia los sectores más vulnerables, tuvieran un organismo de garantías.

JMP - ¿Desde cuándo funciona el defensor del pueblo en Buenos Aires?

AP - La Constitución es del 96, todo el año 97 se fue en consensos y conciliábulos, y finalmente en el 98 se eligió a la primera defensora del pueblo, que fue la doctora Alicia Oliveira, cuyo mandato terminó en diciembre de 2003. En diciembre de 2003 asumí yo y tengo mandato hasta diciembre de 2008. Esto quiere decir que tenemos mandatos de cinco años, que no coinciden con los mandatos de los cargos políticos, y que además el defensor o la defensora es elegido o elegida por una mayoría especial de la legislatura, una mayoría de dos tercios, que en el mundo de la política no es fácil de reunir.

JMP - Se requiere un cierto acuerdo en nombres, carreras y objetivos.

AP - Sí, requiere un bordado crochet de varios meses.

JMP - Le hablo de pronto desde el escepticismo uruguayo que seguramente Fernando Rodríguez habrá recibido, tanto de opiniones de distintas personalidades como de vecinos, ¿para qué queremos un defensor si ya existe la Junta? ¿Para qué ha servido el defensor del pueblo en Buenos Aires? ¿Qué ha dejado de positivo?

AP - La ciudadanía nos dice (que es lo que más vale, más que la letra formal de los fundamentos de la legislación), en primer lugar, que tiene una ventanilla siempre abierta para poder hacer llegar sus reclamos cuando es tan intrincada a veces la burocracia estatal y no sabe por dónde comenzar a hacerlo. En segundo lugar, que encuentra un sistema de resolución o de encauzamiento de conflictos económico, informal, abierto, que se acerca a los problemas, porque cuando el conflicto está en el territorio no son ellos que vienen a la Defensoría sino que la Defensoría sale hacia el lugar de conflicto. Encuentran que es un organismo que permite mayor amplitud de diálogo. Encuentran que ejerce un rol de mediación entre las partes en problema o a veces entre el problema que tiene la ciudadanía y los funcionarios encargados de su resolución. Encuentran que somos una institución de diagnóstico que puede formular alertas tempranas en cuanto a problemas de seguridad, problemas de toda índole que se dan en el marco de una urbe moderna pero dificultosa, como son las que tenemos nosotros.

JMP - ¿Qué pasó en el caso de la discoteca Cromañón? ¿Qué papel jugó allí el defensor del pueblo?

AP - Me encanta que me haga la pregunta, porque Cromañón marcó, si se quiere, de la manera más nítida la importancia de tener un organismo de esta índole. Seis meses antes de la tragedia, a partir de las inspecciones que había hecho la Defensoría, se había formulado la advertencia de que el 80% de los locales bailables no cumplían con las normas de seguridad. Eso permitió que autocráticamente los organismos del Estado se dieran cuenta de que es mejor escuchar las advertencias y los diagnósticos que se hacen desde una institución independiente, que es conveniente escucharlos y atenderlos porque permiten prever situaciones que si no son previstas se transforman en tragedias.

Inmediatamente de ocurrida la tragedia del local Cromañón, al día siguiente, que dejó la friolera de 194 muertos y miles de chicos damnificados y muy afectados psicológicamente, algunos incluso físicamente, la Defensoría empezó a tomar testimonios y a darles contención cuando todavía las áreas del Estado administrativamente estaban empezando a ver cómo resolvían el problema. La Defensoría, por ser un órgano autárquico, autónomo, independiente, con rapidez e informalidad en sus procedimientos, pudo dar respuesta en horas, cosa que no pueden hacer los organismos que dependen del sistema administrativo, con su burocracia vertical que implica ir con un memo para arriba, con un memo para abajo, máxime cuando esto ocurrió en vísperas de Año Nuevo, con la gente que se estaba yendo de vacaciones. Este organismo tiene la posibilidad de respuesta inmediata por su estructura, no porque seamos mejores que los funcionarios sino porque la estructura nos permite esa rapidez en la decisión y en la instrumentación. O sea que habíamos hecho la advertencia previa y pudimos dar una respuesta inmediata.