Novoa hizo este comentario al recibir este jueves las 6.000 firmas recolectadas en una campaña de solidaridad, que se efectuó con la joven de 20 años que en mayo fue procesada sin prisión por abortar. Este caso surgió luego de que la joven tuviera que atenderse por secuelas de esa práctica clandestina en el Pereira Rossell.

Las y los firmantes, entre ellos varios legisladores, de ese documento, que se entregó este jueves, reconocen haber practicado abortos o haber conocido ese tipo de situaciones y no haberlas denunciado. Nin Novoa señaló que el tema es complejo y preocupante, y opinó que nos estamos transformando en una sociedad “abortista”.
 
“Una sociedad que admite que unas empresas discriminen a las mujeres para darles trabajo con su condición de embarazadas, habla de una sociedad abortera o abortista. Una sociedad que se niega a mirar una realidad que nos lastima todos los días con noticias acerca de que mujeres sin recursos económicos son o fallecidas o asesinadas en operaciones de abortos clandestinos”, expresó Nin Novoa.

Por su parte, Lucy Garrido, vocera del grupo que organizó esta campaña de firmas, denunció algunas situaciones peculiares y preocupantes, que se han dado, por ejemplo, en el departamento de Rivera.

“Cómo puede ser que la policía de Rivera haya obtenido los nombres de las mujeres embarazadas y haya ido a ver casa por casa quién estaba embarazada. Digo yo... ¿qué diferencia hay entre esto y los inspectores de Ganadería que van a ver cuántas vacas hay en algún lado y quién tuvo terneros y quién no?, cuestionó Garrido.